El procurador como «agente de ejecución»: ¿una desjudicialización racional o una privatización encubierta de la ejecución civil?
El presente artículo se centra en el análisis, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, del papel del procurador en España como «agente de ejecución», con especial referencia al debate abi...
| Autor: | |
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| Tipo de documento: | artigo |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2025 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad de Barcelona |
| Repositório: | Dipòsit Digital de la UB |
| OAI Identifier: | oai:diposit.ub.edu:2445/227179 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/2445/227179 |
| Access Level: | Acesso embargado |
| Palavra-chave: | Procuradors Execució (Dret civil) Dret processal Attorney and client Executions (Law) Procedural law |
| Resumo: | El presente artículo se centra en el análisis, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, del papel del procurador en España como «agente de ejecución», con especial referencia al debate abierto acerca de si dicha nueva configuración supone una delegación o desjudicialización de la ejecución civil o, en verdad, dada la dicción literal, entre otros, de los arts. 23 y 539 LEC, así como del art. 543 LOPJ, una privatización encubierta de tal ejecución, con los riesgos que ello implica desde la perspectiva del obligado respeto del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). |
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